Tanto presumir y a la hora de la verdad el Gobierno de Sánchez ni es progresista ni es de izquierdas.
Si fuera progresista promovería auténticas políticas de igualdad, sin permitir que a cambio de apoyos ciertos partidos impusieran prebendas y privilegios a los ciudadanos en función de su lugar de residencia o nacimiento. Si fuera progresista permitiría que los ciudadanos pudieran elegir la lengua en la que desean estudiar o utilizar en cualquier lugar de España.
Un gobierno progresista y de izquierdas no se dedicaría a dar subvenciones para conseguir amarrar votos, en lugar de apostar por políticas que permitieran a los ciudadanos valerse económicamente por sí mismos a través de su trabajo. Un gobierno progresista tomaría decisiones eficaces que permitieran que los españoles pudieran ver cumplido su derecho constitucional de tener acceso a una vivienda; actualmente solo los económicamente muy pudientes cuentan con un techo seguro en alquiler o en propiedad en el que cobijarse. Y un gobierno de izquierdas y progresista actuaría con firmeza ante los desalmados que ocupan viviendas de forma ilegal, la mayoría conseguidas con gran esfuerzo y son el único patrimonio de los más débiles.
Un gobierno que además de progresista y de izquierdas fuera democrático, respetaría la separación de poderes, se negaría a llevar a las instituciones a personas afines para garantizar así su imparcialidad, no vería a los jueces como enemigos cuando sentencia en contra de sus intereses y de ninguna manera se apuntaría a la práctica, vergonzosa, de aprovechar el gobierno para colocar a familiares y amigos que no cumplieran ni de lejos los requisitos para acceder a cargos generalmente de abultado salario.
Un gobierno de izquierdas no toleraría tomar decisiones salariales sin pactarlas previamente con sindicatos y empresarios, cuando son estos últimos los que crean y dan trabajo a millones de españoles, sobre todo los que han puestos en marcha pequeñas y medianas empresas. Ni tampoco dejarían sin mutualidad médica a millón y medio de funcionarios y a sus familias, cuando es tan generoso en cambio con las exigencias dinerarias de independentistas que quieren promover iniciativas que profundizan en la desigualdad. Un gobierno de izquierdas no consentiría de ninguna manera utilizar medios públicos para actividades privadas, ni daría falsas expectativas a jóvenes y mayores con promesas que se anuncian pero no se cumplen, ni provocaría tanta inseguridad laboral que centenares de miles de españoles se ven obligados a realizar dos o tres trabajos para lograr que sobreviva su familia… trabajos que contabilizan como si este buen gobierno diera empleo a dos o tres personas.
Un gobierno progresista, de izquierdas, y democrático, no aceptaría de ningún modo que un personaje como Nicolás Maduro fuera presidente sin ganar las elecciones. Al menos, gritaría de indignación para que hasta el último rincón de Venezuela llegara el mensaje de que España no apoya a un farsante, a un dictador, a un hombre que no acepta el resultado de las urnas.