Toda la comunidad educativa -profesores, padres y alumnos- está llamada a secundar la huelga general convocada para este jueves en el sector en contra del proyecto de ley de educación que prepara el Gobierno, una jornada para la cual la Consejería de Educación ha decretado una serie de servicios mínimos que afectan a los colegios de Infantil y Primaria, así como a los institutos y universidades de titularidad pública. Si bien, estas medidas también incluyen a los centros educativos concertados.

Para los sindicatos de la educación pública  los servicios mínimos decretados por la Administración regional para nuestra provincia son «abusivos», primero porque «no son fruto del consenso», pero sobre todo debido a que «impiden que muchos maestros que trabajan en centros del medio rural puedan ejercer su derecho a la huelga, ya que se obliga a que al menos acuda un docente y en muchos pueblos hay un solo maestro asignado», explicó a este diario Teresa Luján, una de las portavoces de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública en la que se integran las fuerzas sindicales. «Tampoco se permite ir a la huelga a los equipos directivos», añadió.

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