Los humanos somos proclives a engañar a los demás. Y si esos humanos desempeñan cargos públicos con mucho poder, ellos mismos califican sus mentiras de meros cambios de opinión. Tomarnos el pelo a los ciudadanos de a pie es bastante habitual en los tiempos que corren. A veces parece que lo hacen para que no confiemos en los políticos.
En el pasado, aunque no era tan frecuente como ahora, también intentaban engañarnos. Recuerdo un hecho acaecido en vísperas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 10 de junio de 1987. Un corresponsal de este periódico, militante de izquierdas, me quiso colar una "bomba" periodística pidiéndome que publicara que la fábrica Bigresa, de Santa Cruz del Valle, ya estaba funcionando pues su chimenea echaba humo. Me presentó las fotos para que salieran en el periódico antes del día de las elecciones. La fábrica era propiedad del municipio de donde era alcalde Benito Cañadas, maestro y militante comunista, que siempre era elegido por mayoría absoluta. La noticia tenía como finalidad convencer al electorado de que la fábrica, dedicada a tratar residuos forestales, echaba a andar dos años después de su inauguración oficial. Esto suponía un logro importante para el alcalde, que optaba a la reelección encabezando la Candidatura Unitaria Obrera. Como era previsible, después de las elecciones, la chimenea dejó de echar humo, apagándose definitivamente y perdiéndose en el proyecto varios millones de pesetas. He de aclarar que Benito Cañadas (quien hizo muchas cosas elogiables y era una persona culta y agradable) ganó aquellas elecciones y las siguientes, hasta que en las de 1989 empató en votos con el candidato del PP. Echada a suerte la alcaldía por la jueza de Arenas de San Pedro, la perdió. Su sucesor se encargó de escudriñar el censo electoral borrando a los que no vivían de manera habitual en el pueblo.
He recordado lo anterior en estos días en los que, una vez más, intentan engañarnos políticamente. Desde el Gobierno se nos dice a los pensionistas que si en febrero nos rebajan la asignación que hemos recibido en enero, será por culpa de los partidos que han votado en contra del denominado decreto ómnibus. Los que han echado abajo el citado proyecto gubernamental afirman que sí están dispuestos a aprobar la subida de las pensiones y otras medidas sociales, como las ayudas a los damnificados por la Dana y la prórroga de las subvenciones al transporte de viajeros, si se presentan por separado, no juntas en un único decreto que tiene 42 propuestas, 20 prórrogas y el regalito al Partido Nacionalista Vasco (no al Gobierno de Euskadi) de un Palacete en la ciudad de París.
Cuando quien gobierna culpa a los que no le apoyan de ser malos por no tener sensibilidad hacia los pensionistas y los desfavorecidos, está demostrando soberbia, nula moral y desprecio absoluto por los ciudadanos. No importa cómo nos lo quieran vender. Estamos acostumbrados a que nos inunden con mensajes de que los buenos son ellos porque quieren subirnos un 2,8 por ciento la pensión y los otros son malos porque se oponen.
Pero los pensionistas no nos alarmarnos. Quien aseguró varias veces que se votaba todo junto o nada, ha claudicado. Por miedo a perder el poder. No por sensibilidad social. Las medidas sociales se votarán separadas del resto. Es una de las exigencias del prófugo Puigdemont, que es quien, con solo 7 votos, tiene el poder de mantenerle en el palacio de La Moncloa o desahuciarle.
Y pregunto: ¿cuánto se queda Hacienda del 2,8 por ciento de subida? En mi caso, casi el 40 por ciento. El coste de la vida creció en 2024 un 2,8 por ciento, luego pierdo poder adquisitivo. Como todos. Esto no lo explican con claridad los que gobiernan, una forma de engaño parecida a la que me planteó el corresponsal del periódico al intentar colarme una verdad a medias (que es peor que una mentira) para beneficiar electoralmente a su candidato y amigo. Que no nos engañen tanto, que somos mayorcitos.