La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que su formación planteará la presentación de un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que la presidenta socialista Francina Armengol ratifique su intención de mandar directamente al BOE la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos de ETA.
En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz de los 'populares' ha anunciado que han requerido formalmente a la Mesa del Congreso para que lleven al Pleno la votación de esta ley que podría beneficiar a presos de ETA.
Y es que el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ya se dirigió por carta a su homóloga del Congreso para criticar que Armengol no diera como vetada esta norma y le precisaba que el competente para decidir este asunto era el Tribunal Constitucional.
Ahora, los 'populares' han dado otro paso y han vuelto a requerir formalmente a Armengol que debata esta ley porque, de no hacerlo, elevarán este asunto al Tribunal Constitucional con un conflicto de atribuciones con el Congreso.
No es la primera vez que los 'populares', con su mayoría absoluta en el Senado, plantean un conflicto de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron este choque institucional inédito entre las dos Cámaras por la Ley de Amnistía, aunque ellos mismos lo dejaron sin efecto para no llevarlo al Constitucional.
"Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale y usurpando la capacidad de interpretar el Reglamento del Senado, que no le compete", ha indicado Alicia García.
Para García, "el uso del Congreso en base al interés de Sánchez es una muestra más de cómo el sanchismo pone las instituciones a su servicio".
Con expertos en financiación
Con todo, la portavoz del PP ha aprovechado esta rueda de prensa para adelantar que van convocar en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado a expertos en financiación autonómica para que "expongan con luz y taquígrafos su criterio sobre el cupo separatista y su impacto en los servicios públicos".
Entre los grupos de expertos convocados estarán --ha dicho-- FEDEA, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Consejo General de Economistas de España o el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entre otros.
García ha precisado que los trabajos de la comisión serán hasta noviembre y, al concluir las comparecencias, el Senado elaborará un informe de conclusiones con las aportaciones de esos expertos y recomendaciones al Gobierno, que pondrán a disposición tanto del Ejecutivo de Sánchez como de la sociedad.
Ampliar la comisión de investigación
Del mismo modo, Alicia García ha comunicado que en el último Pleno de octubre se aprobará la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para abarcar los asuntos que aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Esta decisión de los 'populares' se tomó después de que se conocieran las últimas investigaciones de la UCO que remitió al juez del 'caso Koldo' y que dan nuevos datos sobre esta trama, además de otras ramificaciones que tienen que ver con el 'caso Delcy' y el rescate de Air Europa, entre otros temas.