Casi 20.000 funcionarios están pendientes desde hace semanas de las negociaciones entre el Gobierno, Muface (la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y las compañías de salud privadas. Tras años de tiras y aflojas, por una financiación que la mutualidad entiende insuficiente para que las compañías sanitarias concertadas puedan prestar la atención sanitaria a los mutualistas, la cuerda se ha tensado tanto que este concierto con décadas de historia podría estar a punto de romperse.
En concreto, y según datos de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, actualmente en Ávila hay «19.820 mutualistas» que están pendientes de lo que pase con este concierto sanitario con Muface. Solo en el mes Ávila sumó casi 3.000 mutualistas más a raíz de la incorporación de los nuevos alumnos de la Escuela de Policía y también del inicio de curso. De no renovarse este concierto los mutualistas no solo dejarían de contar con esta sanidad concertada, que al parecer tienen garantizada hasta febrero, que según el actual convenio es hasta cuando las aseguradoras están obligadas a atender a estos mutualistas, sino que la sanidad pública tendría que asumir la atención de todos los mutualistas que hasta ahora disfrutaban de este concierto por el que recibían atención sanitaria en compañías privadas de salud. En este caso, y a elección del mutualista, en Adeslas, Asisa y DKV, como apuntan desde CSIF.
«Esto no es nuevo, pero ahora parece que se ha llegado a un punto inflexible», reconoce Gonzalo Cruz, responsable de AGE en CSIF Ávila, que explica que en esta ocasión las compañías que prestan este concierto sanitario se han plantado ante una cantidad que ven insuficiente teniendo en cuenta que Muface estimó que era necesario incrementar el presupuesto un 24 por ciento-a lo largo de los años 2025 y 2026- y la subida del Gobierno no va más allá del 17,12 por ciento. Una subida que desde este sindicato entienden justificada teniendo en cuenta «los costes originados para afrontar la subida de covid y la evolución al alza de los precios sanitarios que genera la inflación todos los años».
Desde CSIF alertan que en el caso de no renovarse este concierto la incorporación de estos cerca de 20.000 mutualistas abulenses a la sanidad pública «colapsaría el sistema» sanitario de salud.
Y aunque ahora las negociaciones entre Gobierno y Muface, que a su vez atiende las peticiones de las compañías privadas, parecen estar más enquistadas que nunca, el responsable de AGE de CSIF en Ávila recuerda que durante los últimos años los mutualistas «ya se han visto afectados» por esta falta de acuerdo. Pone como ejemplo lo ocurrido en el último año cuando el concierto se firmó pero excluyendo del mismo centros médicos, hospitales y especialistas que anteriormente sí figuraban en el catálogo de servicios de Muface. Una circunstancia, explica Cruz, que conllevó que muchos mutualistas abulenses con enfermedades crónicas o de gravedad como el cáncer tuvieran que cambiar de médico durante el proceso por no poder ya recibir la atención sanitaria del especialista que hasta entonces les estaba atendiendo a raíz de quedar fuera este médico o el centro asistencial al que acudían del nuevo concierto.
un problema aún mayor. A la espera de conocer el posicionamiento de las aseguradoras que prestan sus servicios en el concierto, CSIF advierte de que «estarán vigilantes y habrá movilizaciones si se producen nuevos recortes asistenciales, sin descartar ninguna medida». Además, Cruz alerta de que lo que está ocurriendo en Muface no es una excepción ya que ese concierto sanitario también peligra por los mismos motivos con los funcionarios acogidos a ISFAS (la mutualidad de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa) y MUGEJU (la mutualidad general judicial).