Los reveses judiciales se le acumulan al Presidente del Gobierno, después de que la Audiencia Provincial de Madrid no diera carpetazo  a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa por dos de las tres patas por las que está siendo investigada; después de que el Tribunal Supremo haya admitida a trámite la querella contra el fiscal general del Estado por revelación de secreto, denunciado por el novio de Isabel Díaz Ayuso, defraudador confeso, y ahora tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha rechazado su querella por prevaricación contra el mismo juez porque le obligo a testificar presencialmente a pesar de que como autoridad del Estado tenía derecho a hacerlo por escrito y se montó un ciro mediático. A todo esto se suma el caso verdaderamente mollar que es el de la investigación del 'caso Koldo' con José Luis Ábalos, que fue su mano derecha en el partido, y ministro destacado en sus gobiernos como pieza central de una trama de corrupción, que va camino del Supremo. La única alegría judicial para Sánchez puede ser la inadmisión de la querella presentada por el PP contra el PSOE por financiación ilegal por su base poco sólida.  

Probar el delito de prevaricación como pretendía Pedro Sánchez es sumamente difícil y más porque en el estamento judicial se pueden contar con los dedos de una mano los casos en los que un juez ha sido condenado por sus pares por ese delito. En este caso el TSJ de Madrid dice que la querella tiene "carácter especulativo", supone "un intento de "tergiversar el delito de prevaricación", a lo que añade "el prejuicio que destila la querella", sin duda un juicio de intención. Para cualquier espectador lego en Derecho parece de libro que se vulneró el derecho del presidente del Gobierno a testificar por escrito y que tampoco se puede escindir su condición de jefe del Ejecutivo de la de esposo de Begoña Gómez, máxime cuando se investiga la relación entre ambas situaciones. El propio tribunal en su auto reconoce que "sea acertada o no la fórmula adoptada por el juez instructor" a la hora de interrogar a Sánchez "lo cierto que no quiso interrogar al presidente del Gobierno por sus actos como institución sino al esposo de la querellada por lo que hubiese podido conocer en este plano personal".

Tras este rechazo a sus pretensiones es previsible que el camino de la querella presentada por el mismo delito de prevaricación contra el mismo juez presentada por Begoña Gómez siga el mismo camino que la de su esposo. En cualquier caso, en todos los asuntos relacionados con los casos judiciales que afectan al gobierno existe el común denominador de que los jueces se oponen a las pretensiones de los demandantes, que en unos casos cuentan con el apoyo de la fiscalía y en otros se oponen a sus pretensiones, pero el resultado siempre es el mismo.

 Significativo, sobre la politización de la justicia, lo que ha ocurrido con respecto a la admisión a trámite de la querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz quién convocó a los máximos órganos asesores de la Fiscalía para explicarles su posición. En la Junta de Fiscales, en la que son mayoría los fiscales progresistas, sus integrantes apoyaron mayoritariamente su decisión de no presentar la dimisión. Por el contrario, en el Consejo Fiscal, con mayoría de fiscales conservadores le instaron a que la ejecutara. Nadie se desmarcó de lo previsto.