El 45º aniversario de la Constitución no es en esta ocasión un cumpleaños más. Las negociaciones a hurtadillas para aprobar la ley de amnistía, exigida como moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez, ha convertido no solo esta efeméride en un tablero donde se dirimen las fuerzas entre el PSOE y sus socios y la oposición, sino también en una especie de bisturí con el que unos pretenden diseminar sin anestesia la salud de la Carta Magna y otros tratan de suturar las invectivas que debilitan sus principios básicos.

La tarta de este aniversario tiene, por tanto, un cierto sabor agridulce, porque en la Ley Fundamental no caben postulados tan extremos ni alteraciones de envergadura sin la aquiescencia de una amplísima mayoría de la soberanía popular, o sea, del conjunto del pueblo español a través del sufragio universal.

Lo que ahora se pretende para ajustar el traje a medida que exige Junts era hasta el pasado 23 de julio inconstitucional incluso para el partido mayoritario que sustenta al nuevo Gobierno. La aritmética parlamentaria y, sobre todo, el objetivo supremo de seguir en La Moncloa ha cambiado drásticamente el juego, pero no así las reglas que lo arbitran. Al menos por ahora.

La Ley Fundamental ha demostrado en estos 45 años de vida que caben todas las opiniones y diferencias, una prueba más de la fortaleza que ha permitido el mayor desarrollo social y económico de España a lo largo de su historia. Incluso ha corroborado que es posible asumir cambios en su articulado, como así lo atestiguan los aprobados en los años 1992 y 2011. Por eso, el error de base al que nos enfrentamos es querer reformar la casa de todos sin tener en cuenta la opinión de la gran mayoría. Salvando las distancias, sería como proceder al cambio integral de la fachada de un edificio donde la mitad de los vecinos no lo quieren y la otra mitad sí.

Cierto es también que las reformas constitucionales en España son rígidas y complejas y que precisan de la aprobación de tres quintas partes de las dos Cámaras. Pero todo puede plantearse mientras no se impongan metamorfosis a calzador y con dudoso proceder.

Lo peor es que la tarta la vamos a pagar a escote entre todos para que el mayor trozo se lo coman solo unos pocos que, además, no se sienten amparados por la Constitución. Y así resultará imposible evitar la indigestión.