Cuando en una intervención parlamentaria manifiestamente mejorable el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pregunta a Pedro Sánchez si su partido se ha convertido en una organización de ultraderecha por haber pactado la renovación del CGPJ con su partido al que había calificado de aquella manera, cabría preguntarse si el PP se ha convertido en un partido chavista por haber pactado la renovación del órgano de gobierno de los jueces que habían secuestrado desde hace años con un PSOE anticonstitucional.
En un día que debía ser de celebración por cuanto se había puesto fin a una anomalía constitucional que duraba dos mil días, se había logrado algo similar a un pacto de Estado y se devolvía la normalidad al poder judicial, predominaban de nuevo los reproches de la política con minúsculas que bien podría, Feijóo, haber dejado para sus dirigentes secundarios y para el día siguiente, de no tener urgencias por reivindicar su liderazgo, que en esta ocasión ha salido fortalecido.
Acostumbrados, de manera simplista, a evaluar todos los actos políticos y sus consecuencias en términos de vencedores y vencidos, en esta ocasión, en la que los dos contendientes se han ofrecido tablas, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las siguientes partidas, que se van a disputar con reglas nuevas que aparentemente dan igualdad de armas a ambos contendientes. El PSOE, a pesar de sus socios, ha renunciado a tener mayoría de vocales en el Consejo General del Poder Judicial, y la cautela de que todos los nombramientos necesiten ser refrendados por una mayoría de tres quintos limita las posibilidades de que la aplicación del rodillo de una mayoría incline la balanza de los nombramientos en los altos tribunales es una dirección. El primer punto de inflexión será el nombramiento del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que con su voto de calidad podrá determinar las votaciones en otros muchos aspectos dado el empate, se quiera o no, entre vocales de extracción progresista y conservadora, con lo que las polémicas están servidas. Su elección dará la medida de quién ha ganado en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Aunque en la designación de los veinte vocales del CGPJ se ha tenido en cuenta los principios de mérito y capacidad y hay pocas dudas sobre la solvencia de cada uno de ellos, su nombramiento se va a realizar por el plan antiguo, sin que los jueces elijan a los jueces, que era el mantra que el PP ha exprimido para evitar la renovación a lo largo de los últimos años como garantía -discutible- de una mayor independencia del tercer poder del Estado. En esta cuestión lo único que se ha hecho es posponer el debate sobre la independencia judicial. Los nuevos vocales dispondrán de seis meses para proponer una fórmula de elección de sus sucesores que ha de ser votada por los tres quintos del pleno. Si se tiene en cuenta que el PSOE se opone radicalmente a la propuesta del PP y que habrá de ser votada en el Congreso con mayoría cualificada, nos encontraremos ante uno de esos casos enquistados sin los que la política nacional parece incapaz de sobrevivir.
Es igualmente sorprendente que desde el PP se afirme que a la solución acordada en Bruselas se podría haber llegado en 2022 -con todos los blindajes contra las puertas giratorias entre la judicatura y la política ya acordados- y que sea Feijóo, al que le torcieron el brazo, quien lo manifieste. Entre aquel principio de acuerdo y este hay ligerísimas diferencias y dos años de desprestigio y daño para los ciudadanos, la judicatura y los propios partidos.
Y para demostrar que las apelaciones a la independencia judicial es un imperativo que debe cumplir el otro, ahí está la designación del actual vocal del CGPJ, José María Macías, que ha sido el factótum del PP en ese órgano en los últimos años contra todas las leyes y decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, quien ocupará la plaza vacante que corresponde designar al PP por el Senado en el Tribunal Constitucional. Aquí ni tan siquiera se han molestado en disimular: premio al más duro y se queda fuera quien, como Carlos Lesmes, osó ponerse en contra del partido que le designó.