Tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el lunes para tratar la alta tasa de gripe A, Covid-19 y otros virus respiratorios, el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García ha hecho tabla rasa e impondrá desde este miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios.

La decisión se toma como una declaración de actuaciones coordinadas para igualar la protección frente a la incidencia de los virus respiratorios de todos los ciudadanos y pese a la negativa de once comunidades autónomas (sólo la habían aceptado Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Canarias y Asturias, mientras que el resto apostaba sólo por la recomendación). Castilla y León había sido, de hecho, una de las regiones opositoras a la medida obligatoria al argumentar que la Comunidad ya contaba con planes de contingencia invernal para hacer frente a esta situación.

Una vez más las diferencias y la rivalidad política han presidido estos días una discusión que afecta al conjunto de la ciudadanía y en una cuestión tan sensible como es la salud de las personas y sin tener en cuenta a los actores de la industria de la fabricación de mascarillas, EPI sanitarios y determinados medicamentos. Hay que recordar que durante la pandemia se realizaron importantes inversiones para abastecer la fuerte demanda y se les prometió, con la reforma de la Ley 36/2025 de Seguridad Nacional (prevista para esta legislatura), la protección como sector estratégico. A la vista está que no aprendemos ni a fuerza de golpes, imponiéndose al final las políticas de improvisación.

Aquí también son muchos los ciudadanos que han dado muestras inequívocas de responsabilidad y de respeto mutuo, actuando con antelación a la aprobación de medidas públicas como la que nos ocupa. Triste, pero así es una vez más.