Representantes de la Alianza por la Unidad del Campo que forman Upa y Coag mantuvieron este jueves una reunión con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Francisco José Sánchez, «en la que en teoría se nos debería haber informado del modo en el que la Administración regional tramitará a partir de ahora los expedientes abiertos por ataques de lobos a explotaciones ganaderas» después de la reciente «sentencia del Tribunal Supremo» a raíz de la cual la Administración regional  «se ve obligada a indemnizar a los ganaderos por los daños que provoquen los lobos al sur del Duero», según explicó la organización agraria.

Sin embargo, «la reunión no puede haber sido más descorazonadora, ya que después de un mes de la mencionada sentencia, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila desconoce  el método de trabajo para tramitar los expedientes de los ganaderos» cuyas reses sean agredidas por cánidos, añadió la Alianza por la Unidad del Campo a través de una nota de prensa.

Ante esta situación, la Alianza advierte que tomará la iniciativa y  «realizará la tramitación de los expedientes directamente con la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural, mediante un procedimiento abreviado de indemnización para los ganaderos afectados por ataques de lobos», según informó.    

 Por su parte, a la hora de valorar el encuentro con representantes de Upa y Coag la Delegación Territorial de la Junta en Ávila  se remitió a las declaraciones realizadas hace dos semanas por el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, tras una reunión mantenida sobre el mismo tema en Valladolid. Entonces, a través de una nota de prensa, afirmó que según la sentencia del Supremo «los daños producidos por el lobo continúan teniendo el mismo tratamiento que los de cualquier otra especie cinegética, en lo que se refiere al norte del río Duero, y tendrán el correspondiente a cualquier otra especie protegida, cuando se trate de daños acaecidos al sur de dicho río. Es decir, conforme al régimen general de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas».