Las próximas semanas conforman un calendario electoral de auténtica locura y que, sin lugar a dudas, va a ralentizar la gestión pública de no pocas instituciones y gobiernos. De algún modo, el destino de los 48 millones de españoles está condicionado a lo que determinen las urnas en los comicios vascos y catalanes del próximo 21 de abril y el 12 de mayo, respectivamente. Ambos procesos, a los que se unirá en junio los comicios europeos, incidirán también de manera directa en el gripado motor de la actual legislatura, caracterizada en sus primeros meses por los casos de corrupción y la ley de amnistía.
Y al ralentí se suman esas dos citas electorales en las comunidades en las que está en juego el reparto de poder que determinará la posición de los partidos que, precisamente, sustentan al Gobierno de coalición en España.
Incluso antes del veredicto de las urnas, los procesos electorales mencionados ya han generado no poco impacto en la vida de todos los ciudadanos, con la falta de aprobación de nuevos presupuestos generales del Estado. Una circunstancia que, digan lo que digan, trastoca los planes de evolución social y el dinamismo económico que exigen los retos en tiempos tan cambiantes.
Pero aún hay más. Porque la constante bronca política que preside la actividad parlamentaria a diario añade mayor tensión y más gasolina a un fuego que semana tras semanas avivan los dirigentes políticos sin despeinarse y, lo que es peor, sin valorar el daño que todo ello causa a la confianza entre los ciudadanos. La tormenta perfecta.
Esta especie de parálisis en la necesaria gobernanza no se diluye por mucha agenda internacional que tenga el presidente Pedro Sánchez. Pero tampoco lo favorece una oposición anclada en la confrontación permanente. Unos y otros pierden así la oportunidad de presentarse ante la sociedad como artífices de una política útil a favor del conjunto de las personas y, en especial, de los más desfavorecidos.
Ni siquiera el legítimo intento del súper ministro Bolaños de trasladar una incesante agenda legislativa, con hasta 198 iniciativas, y una aparente normalidad va a cambiar la percepción de apatía y hartazgo que manifiestan muchos ciudadanos.
Habrá que ver la gestión final de los fondos europeos, el impulso real al renovado interés por aumentar el parque de viviendas o cómo salvan la estabilidad presupuestaria de las propias comunidades autónomas, que, como es sabido, gestionan los servicios básicos.
La situación es preocupante y, como decíamos, el calendario en ciernes no parece que vaya a ayudar mucho. Basta con preguntarnos, en clave empresarial, ¿cuánto costaría paralizar la producción de una industria estos meses? Lo malo es que, en clave política, el dinero parece que no es de nadie cuando, como saben, es de todos.