El concepto «democracia» está inequívocamente unido a la elección, rendición de cuentas y posible destitución de quienes ocupan determinados cargos públicos u orgánicos como, por ejemplo, los diputados, senadores, concejales, presidentes, secretarios generales… 
En el interior de los partidos políticos, a diferencia de lo que sucede con la competición política externa entre las diferentes formaciones para acceder a los diferentes cargos públicos representativos, no se ha interiorizado entre los afiliados, o al menos con la misma intensidad, la necesidad y el valor de la práctica democrática para seleccionar a las personas que pretenden dirigir la organización, ni  la importancia capital de la competencia en sus diferentes procesos electorales internos. Es más, desde las cúpulas, salvo alguna excepción, no solo no se la fomenta por miedo, sino que, por el contrario, y paradójicamente, los partidos políticos son castigados por la ciudadanía si existen diferentes corrientes, puntos de vista, discrepancias… Y se alejan de una unidad férrea, sin darse cuenta de que ésta es más propia de los Estados donde impera un partido único que opera como rodillo oficial ideológico, incuestionable y absoluto. 
Si la ciudadanía no premia, más bien todo lo contrario, la «democracia interna», es fácil entender por qué el castigo al disidente, o a quien se salga, aunque sea mínimamente, de la doctrina oficial, que suele ser la que establece quien manda y quiere seguir mandando, sin mucha, o ninguna, oposición, se normaliza y entiende de manera natural, como si fuese lo más lógico sin que, por lo general, se aborde como una grave anomalía del funcionamiento democrático. 
Lo mismo sucede con la rendición de cuentas. La moción de censura o cese anticipado de la dirección no suele ser una opción generalizada, aunque haya un malestar patente y preocupante entre un gran número de afiliados, circunstancia que se termina tapando con el mantra de la unidad y la lealtad. Suelen ser unos malos resultados electorales, aunque esto no siempre es así, los que desencadenan la caída de un líder, forzando su dimisión, es decir, quedando la iniciativa en el propio dirigente y no en los órganos directivos o en las bases. 
Como indica la historia política reciente, es poco probable que sean los órganos directivos competentes (Juntas Directivas…), compuestos por personas que ha elegido la dirección del partido, o cercanas a ella, los que fiscalicen, de forma efectiva, la labor de ésta y mucho menos los que impulsen su posible relevo, salvo en casos muy excepcionales.
Unos malos resultados electorales no conducen necesariamente a la dimisión de la cúpula, ni a la activación de un procedimiento de consulta a las bases que pudiera desembocar en un Congreso, Asamblea… Extraordinario. Lo mismo sucede con una inapropiada gestión del partido, o un hecho concreto. Por ejemplo, En el Partido Popular dirigido por Pablo Casado, tuvimos la oportunidad de comprobar como una parte de la militancia y de los simpatizantes forzaron una dimisión, la de su secretario general, Teodoro García Egea. Y  la convocatoria de un Congreso Extraordinario por la Junta Directiva Nacional para elegir presidente, pero a través de la presión en la calle y de los barones regionales, y no imponiéndose autónomamente desde el órgano directivo correspondiente y sin la iniciativa y tutela del propio presidente nacional del partido. 
Entre las fórmulas de participación directa, favorecidas por las nuevas tecnologías, los Estatutos de los partidos políticos podrían establecer un referéndum vinculante para decidir sobre la continuidad de un líder después de celebrarse un proceso electoral, como unas elecciones generales, para determinar si los afiliados dan por buenos los resultados, o si, por el contrario, los consideran un fracaso, conduciendo a su dimisión y convocatoria de un Congreso, Asamblea… extraordinario en caso de no recibir el respaldo, por ejemplo, de la mayoría simple de los votos. Este referéndum no estaría equiparado jurídicamente a una cuestión de confianza, ya que no partiría de la voluntad del dirigente. En caso de ser favorable para éste, le dotaría de legitimidad y, en caso de no serlo, se regularizaría una situación insostenible, ya que no se debe, ni se puede, estar al frente de una organización cuyas bases no te apoyan y te dan la espalda.
Desgraciadamente, el miedo a constatar explícitamente ese rechazo, o posible rechazo, hace que el sometimiento a este control o examen democrático ni siquiera se plantee, con lo que tendremos que seguir dependiendo de la voluntad de quien, normalmente, se resiste a marcharse.