La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como el plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, afirmando que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
España como firmante de esa resolución y a través de la apuesta económica impulsada por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation, cuenta con recursos para avanzar en la consecución de los objetivos a través de la colaboración y distribución de los mismo por parte de las Comunidades Autónomas.
El pasado 7 de diciembre conocíamos por boca del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que el gobierno autonómico había decidido negarse a tramitar su parte de los 300 millones de euro a los que tienen derecho los ciudadanos y las empresas para beneficiarse de ayudas al autoconsumo eléctrico. Castilla y León se sumaba así a la estrategia de boicot junto a otras autonomías gobernadas por el PP.  
El argumento de nuestro gobierno autonómico era que el sistema de reparto supone unos «procedimientos muy complejos y farragosos». En definitiva, que los elegidos mayoritariamente por los castellanos y leones, para facilitar y tramitar las subvenciones para el suministro sostenible de energía eléctrica, no querían trabajar. Probablemente embaucados por el negacionismo medioambiental de sus socios de extrema derecha.
No ha ocurrido igual en otras comunidades autónomas como País Valencia o Cantabria, también gobernadas por el PP, que sí han optado por la gestión y por el beneficio que suponen estos fondos europeos. Por tanto, el argumento de la «dificultad» para la tramitación de dichas ayudas cae por su propio peso: los «responsables» políticos de la Junta de Castilla y León no quieren trabajar.
Sin embargo, en una nueva demostración de buen gobierno, el pasado 15 de diciembre hemos conocido que el Ministerio para la Transición Ecológica ha frustrado las intenciones del Partido Popular de perjudicar a los ciudadanos y las empresas que pretenden sumarse al autoconsumo eléctrico. 
Ante los argumentos de vaguería institucional demostrada por el PP en varias autonomías, el director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, respondió con la propuesta de ampliación del plazo para la solicitud de las ayudas a los gobiernos autonómicos díscolos, con el importante argumento de que, si renunciaban a ellas, los 300 millones de euros que les corresponderían serían repartidos proporcionalmente entre las demás comunidades autónomas. Automáticamente el intento de boicot quedó frustrado.
Es lamentable que la Junta de Castilla y León esté más ocupada en apuntarse a estrategias de desgaste contra el Gobierno central, que de trabajar por el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Se olvida el PP, de forma cada vez más sistemática, que su labor de gobierno se debe centrar en la gestión de los recursos que benefician la vida de la gente, no a la de servir a sus socios de extrema derecha a los que se ha encadenado.
Pero el trasfondo de este asunto está en el objetivo de dañar a España por parte de la derecha y de la extrema derecha. Cualquier ayuda al autoconsumo, destinada a personas o empresas, que mejore la posición España en las estadísticas de la Unión Europea por la utilización de energías renovables para la generación eléctrica, supone que el Gobierno de progreso está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030. Y a esto el Partido Popular no está dispuesto.
El PP no soporta que España progrese y no quiere que Castilla y León avance. Prefiere practicar la vagancia acompañado de maleantes en el gobierno de la Junta, considerando le va bien. Una prueba más es que, a estas alturas de año, tampoco han presentado el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2024, lo cual sugiere su característica vaguería o que, tras dos años de involución autoritaria, la pretensión del presidente Alfonso Fernández Mañueco sea la de adelantar, de nuevo, las Elecciones Autonómicas.