La financiación de los ayuntamientos vuelve a estar de plena actualidad debido a la necesidad de avanzar en un nuevo sistema más acorde a la aportación que desde las administraciones locales se hace al gasto público del Estado, y a la futura gestión de los fondos europeos asignados a España por un importe aproximado de 140.000 millones de euros. De hecho, numerosos ayuntamientos de distintas ideologías políticas han alzado la voz, bien de manera individual o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y sus federaciones regionales, para reclamar que el Gobierno eleve su capacidad de gestión de los Fondos de Reconstrucción y Resiliencia, pues según los planes iniciales, apenas gestionarán el 4% y su objetivo es conseguir elevar esa cifra hasta el 14,56%, lo que se traduciría en unos 20.400 millones de euros.
Pero sus exigencias no se quedan ahí pues también han planteado al Ejecutivo la necesidad de dotar de manera urgente un Fondo de Reconstrucción Local por valor de, al menos 4.000 millones de euros, y un Fondo de Transporte de unos 1.000 millones.
En la provincia de Ávila, los alcaldes de los principales municipios coinciden en la necesidad de que los ayuntamientos cuenten con una participación en esos fondos europeos equivalente a su participación en el gasto público del Estado para hacer frente a las necesidades que sus vecinos demandan y para realizar inversiones que mejoren sus condiciones de vida.
El alcalde de Arévalo, Francisco León, señala a ese respecto que «serían muy bien recibidos todos los fondos que puedan llegar del Gobierno y de la Unión Europea a los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano y a la que están pidiendo la limpieza de los colegios, trabajo y ayudas a empresas que lo están pasando muy mal durante la pandemia por las limitaciones o por tener que permanecer cerradas, como en el caso de la hostelería». Unos fondos que, según explica, «permitirían realizar algún tipo de acción en beneficio de los ciudadanos, implementar trabajo que ayude a los que lo están pasando mal y ayudas a las empresas de turismo y hostelería».
«Somos la administración más cercana y los que recibimos todas esas peticiones de ayuda, que son necesarias, y debemos aportar nuestro granito de arena porque si no va a haber más cierres de empresas», afirma el regidor.
En Arenas de San Pedro, su alcalde, Juan Carlos Sánchez Mesón, deja claro que «los ayuntamientos no estamos recibiendo ninguna ayuda directa del Gobierno de España, más allá de la participación de los tributos del Estado, la ordinaria de todos los años, aunque damos por hecho que se va a ver mermada el año que viene porque a menos ingresos, menos participación». «Todo lo que estamos recibiendo es a través de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Ávila, a lo que se suma la aportación municipal, en función de nuestra capacidad, bien por modificaciones presupuestarias que hemos tenido que hacer al no celebrarse fiestas y actos culturales, por ejemplo».
Recuerda Sánchez Mesón que, «si bien el Gobierno quería manejar inicialmente los remanentes de tesorería, que son los ahorros de muchos años por la imposibilidad de gastarlos en reducir deuda o en inversiones financieramente sostenibles, al final se consiguió que pudiéramos disponer de esos remanentes para gastos generales, y con la suspensión de las normas fiscales, finalmente podemos contar con ellos y eso, unido a las ayudas recibidas de la Junta y la Diputación, nos permite poder destinar otras partidas a sectores que lo necesitan, como por ejemplo los autónomos, las pymes y micropymes».
Y respecto a la gestión del 14,56% de los fondos europeos, comenta que «estamos esperanzados, en el sentido de que los ayuntamientos son de multitud de signos políticos, con lo cual entendemos que hay ayuntamientos gobernados por el PSOE y por otras fuerzas políticas que no son el PP que también se están viendo perjudicados y que también se están pronunciando. Esperamos que el Gobierno de España dé ayudas directas a los ayuntamientos y también que dé esos 140.000 millones de euros que van a venir de fondos europeos, que seamos nosotros los gestores y que no los gestiones de manera estatal diciendo qué es lo que hay que hacer con ellos y a quién se van a destinar. Confiamos en que la propuesta recogida en la Proposición no de Ley del PP, viendo que la FEMP está haciendo fuerza y las federaciones regionales también, al final tenga sus frutos».
Por su parte, el alcalde de Las Navas del Marqués, Javier Sastre, explica que «al final, la gestión de esos fondos estatales y europeos es lo que nos puede permitir seguir prestando los servicios, porque con ese dinero que estamos destinando a ayudas, a mejorar la vida e incentivar el turismo de cara a volver a la normalidad, si no recibimos contraprestaciones por otro lado, lo que vamos a hacer es perjudicar a otros servicios del Ayuntamiento, pues el dinero que tenemos es el que es, y si reducimos ingresos y aumentamos los gastos, si no recibimos un apoyo al final, los que se van a ver perjudicados son los vecinos, en cualquiera de los servicios básicos que presta el Ayuntamiento».
Recuerda Sastre que han recibido unas subvenciones por la declaración de zona catastrófica, para restablecer los datos que hubo durante la riada, pero «para temas covid no han llegado fondos del Gobierno». «Parece que vamos a recibir ahora una ayuda para la reforma de un parque que tenemos a la entrada que está bastante mal, pero todavía está por ver, porque por ejemplo, para el refuerzo de la limpieza de los colegios no hemos recibido realmente nada y hemos tenido que dedicar muchos recursos municipales tanto económicos como personales», apunta.
El regidor de Candeleda, Carlos Montesino, señala que «en una situación como esta, las diferentes instituciones van a inyectar grandes cantidades de dinero para que el sistema siga funcionando: por ejemplo, que las personas que se han quedado temporalmente sin trabajo sigan cobrando para poder pagar las facturas, o que las empresas que no pueden producir cómo lo venían haciendo habitualmente puedan pagar a sus trabajadores.
Y el alcalde de Sotillo de la Adrada, Juan Pablo Martín, pone de relieve la «gran indefinición» que existe «respecto a cómo se van a gestionar los fondos. No sabemos cuál va a ser la fórmula bajo la cual vamos a poder gestionar fondos, pero lo que sí parece claro desde un punto de vista global es que los ayuntamientos deberían contar con una participación en esos fondos equivalente a su participación en el gasto público del Estado. No se entiende que, representando el 15% del gasto público, en estos momentos se nos quiera destinar de manera específica a los ayuntamientos el 1,5% de los fondos europeos totales».
«Esa es la filosofía de la Proposición no de Ley del Partido Popular que yo como alcalde comparto íntegramente. Si somos agentes de gasto público por un 15%, entidades que contribuimos a la actividad de la administración y a la actividad económica general, queremos ese mismo reconocimiento se extienda a esa financiación extraordinaria que serán los fondos europeos», subraya Martín, quien remarca que «fondos finalistas con motivación de la pandemia de la covid-19, del Estado no hemos recibido ningún tipo de financiación adicional y eso es algo que hemos denunciando incluso con acuerdos en mociones de Pleno, pero hasta el momento no se ha corregido. Ni vía directa ni indirecta el Gobierno ha hecho llegar a los ayuntamientos ninguna financiación adiciona», mientras que «la Junta sí ha activado distintos fondos de inversión directa y ayudas para el incremento de los gastos derivados de la atención a la higiene y limpieza en los colegios, que se han recibido.
Eso sí, a su juicio, «los Fondos europeos de Recuperación y Resiliencia deben ir destinados a inversiones para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y creo que los ayuntamientos han dado sobradas muestras de tener capacidad para ello y también con el apoyo técnico de la Diputación, si procede. Por tanto, creo que en la filosofía de esos fondos europeos no estaría en ese tipo de ayudas a colectivos damnificados por la crisis de la covid-19, sino a inversiones de futuro que mejoren la eficiencia de nuestros servicios públicos y, dentro de los principios de la Agenda 20-30, las condiciones de las propias instalaciones municipales y servicios públicos».