Existe un comentario bastante extendido en los últimos tiempos que dice que cada vez más jóvenes deciden opositar para encontrar un empleo estable en el sector público. La argumentación es que el funcionariado aporta más seguridad laboral, unos mejores horarios, mejor conciliación familiar y un sueldo fijo. Y, al parecer, la realidad confirma esta tendencia.
El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública publicó recientemente su último boletín sobre personal al servicio de las administraciones públicas, donde se recoge que, en el conjunto de Castilla y León, hay 184.123 funcionarios a fecha de julio de 2024, casi 6.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Un crecimiento que encabeza la provincia de Ávila, cuyos empleados públicos aumentaron en las tres administraciones analizadas (Junta de Castilla y León, corporaciones locales y Estado).
La cantidad de trabajadores públicos en la provincia de Ávila era de 14.655 a fecha del 1 de julio de 2024, lo que supone un incremento de 1.107 con respecto a la misma fecha del año 2023 (un 8,2% de subida). Por administraciones, trabajadores abulenses de la Junta de Castilla y León hay 6.525 (un incremento del 3,1%), en las corporaciones locales son 3.631 (un 17 por ciento más que el año anterior) y, en cuanto al Estado, suma 4.499 empleados (un 9,3 por ciento más). Por tanto, se demuestra que un porcentaje muy alto de los abulenses están apostando por encaminar su vida profesional hacia el sector de las administraciones públicas.
Además, la diferencia es bastante apreciable con respecto al resto de territorios de la Comunidad. La única provincia que le sigue el rastro en crecimiento porcentual es Zamora, y de lejos, que cuenta con 635 funcionarios más que en 2023 (un aumento del 5,6%), pasando de 11.441 a 12.076 trabajadores. Ahora bien, este aumento de los funcionarios se dio también en el resto de provincias castellanas y leonesas, aunque en menor medida: Palencia en un 4,3% (470); Segovia en un 3,3% (404), Soria en un 2,8 (238), León en un 2,7 (854), Burgos en un 2,5 (596), y Salamanca y Valladolid en un 2,2 (588 y 881, respectivamente). En total, Castilla y León ha sufrido un incremento de 5.773 trabajadores públicos en el último año.
Llama considerablemente la atención de este informe que los funcionarios públicos se hayan incrementado, en Castilla y León, tanto en la administración regional (2.143 nuevos trabajadores) como en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales (3.840 nuevos) y, por el contrario haya descendido mínimamente (33 puestos de trabajo) en la Administración General del Estado. Es probable que aquí esté entrando en juego el tema salarial. Según las estimaciones tomadas de los Presupuestos Generales del Estado y de los boletines autonómicos, existe una diferencia de unos 2.000 euros anuales entre ambos sectores (un funcionario del grupo A1, el más alto, de la AGE cobra de media unos 44.000 euros brutos anuales, mientras que otro del mismo rango de una Comunidad Autónoma puede embolsarse unos 46.000 euros brutos al año).
Sin embargo, a los abulenses esa diferencia salarial (o de condiciones laborales) parece que no les ha importado demasiado, ya que es, junto con Salamanca (un 0,6% más), la única provincia en la que también aumentaron los funcionarios del Estado. En las siete restantes, por el contrario, descendieron, alcanzando porcentajes bastante considerables en Soria (4,9 por ciento) y en Burgos (3,9 por ciento). Un descenso que incluye un recorte de 18 plazas entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (158 soldados menos y 256 guardias civiles menos; solo aumentaron en 405 el número de policías nacionales). Algo que en Ávila tampoco ha afectado ya que, debido a su vínculo con la Escuela Nacional de Policía y la antigua Academia de Intendencia, los agentes del orden no solo decrecen, sino que incluso aumentan.
Sea por una cosa o por otra, cada vez más personas deciden invertir unos años en prepararse unas buenas oposiciones para conseguir una plaza fija en la administración y poder vivir relativa calma el resto de su trayectoria profesional. Eso les garantiza una vida cómoda, pero un futuro con cierta incertidumbre para el resto de sectores económicos. La empresa privada necesita volver captar a los trabajadores para evitar una caída de la economía de Castilla y León, porque sin industria y sin comercio, no se pueden sostener ni las pensiones ni los empleos. Es necesario un cambio en el ámbito laboral para revertir esta situación.