Existen testimonios gráficos de las reuniones que ha mantenido el lehedakari Iñigo Urkullu con el expresidente de la Geralitat, Quim Torra y con actual ocupante del palacio de Sant Jordi, Pere Aragonés en el que se les ve hablando, cara a cara sin que a su lado aparezcan intérpretes que tuvieran que traducir lo que se estaban diciendo. Puede darse la circunstancia de que Urkullu se atreva a hablar catalán en la intimidad, pero no hay ninguna constancia de que Aragonés sepa defenderse en Euskera como para mantener una conversación fluida sobre los asuntos que les interesan a ambos. Tampoco la hay de qué entre Urkullu y el expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo hablaran otro idioma que no fuera la lengua oficial del Estado como les gusta a los independentistas referirse al castellano. En fin, hasta los principales gobernantes de las nacionalidades históricas e independentistas irredentos se rinden a la evidencia de que se entienden perfectamente en castellano –o español-, su lengua común, y no es necesario que utilicen el pinganillo para dialogar.
El castellano es la única lengua oficial, mientras que las otras lenguas, que contribuyen a la diversidad y a la riqueza cultural de España, son cooficiales en los lugares donde lo establece sus estatutos de autonomía y pueden usarse en el Senado, que es el embrión que nunca llega a desarrollarse de una cámara territorial. Como seña de identidad principal de los territorios históricos, nacionalistas e independentistas consideran que su lengua está siempre en peligro y es objeto de persecución y limitaciones, pese a que los gobiernos de PSOE y PP no han hecho, sino conceder protección a su uso, facilitar su extensión en el terreno educativo en función de las necesidades del apoyo de los nacionalistas a la gobernabilidad del país y, en el caso catalán, dejar que sea la justicia quien proteja la educación en castellano, sin que se haya resuelto la anomalía de la insubordinación de las autoridades catalanas a los mandatos judiciales.
La decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de autorizar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, antes incluso de que se haya modificado el Reglamento que informa el trabajo de la Cámara, es una decisión precipitada y bordea la legalidad, y fue la condición que ha permitido su nombramiento con los votos de los partidos llamados a configurar la próxima mayoría parlamentaria si Pedro Sánchez logra la investidura. Se trata, por tanto, un pago por adelantado y no menor de ese apoyo, que tiene en contra a medio Congreso y a destacadas personalidades de todos los partidos políticos, no solo los disidentes habituales de la oposición interna a las decisiones de Pedro Sánchez, sino otros dirigentes que no aparecen tanto en los medios de comunicación para enmendar las decisiones del secretario general de su partido. Y por supuesto, también tiene mal pronóstico que la UE acepte los idiomas cooficiales españoles como lengua de trabajo en las instituciones europeas.
Que para oponerse al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso se hable de cuestiones presupuestarias o dificultades técnicas subsanables en el tiempo es una bagatela cuando lo que está en juego es una decisión de hondo calado político relacionada con el respeto a la Constitución y con la realidad lingüística que hace que el castellano sea la lengua de uso en la que se entienden todos los españoles y la que los independentistas utilizan cuando quieren hacer llegar sus reivindicaciones a todos los españoles.