Hace un mes, en plena campaña de protestas de los agricultores, asistimos al desagradable episodio de un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en plena autovía A6, a la altura de Adanero. 
Inmediatamente el Partido Popular, por boca de su presidente provincial y presidente de la Diputación, se apresuró a calificar los hechos de desproporcionados arremetiendo contra los agentes de la policía, los responsables de la Subdelegación de Gobierno y, por supuesto, contra Pedro Sánchez. No importaba la realidad de los hechos, las circunstancias, la falta de comunicación por parte de los manifestantes de sus intenciones, y por tanto el incumplimiento de la ley de manifestación, o el riesgo que pudiera suponer para la seguridad pública el cortar y, por tanto, impedir la libre circulación de vehículos, en una vía de gran capacidad, con el consiguiente riesgo para conductores y manifestantes.
Lo único que le interesaba al Partido Popular y a Carlos García era señalar al gobierno de España y a la Ley de Amnistía, arrojando la correspondiente sospecha sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los que en tantas ocasiones se han sentido "profundamente orgullosos".
Era el tiempo del "se rompe España" y la "inconstitucionalidad" de un proyecto de ley que no se había tramitado. Pero el exabrupto y la falsedad deben imponerse a la realidad de los hechos, a las leyes y a los procedimientos. Es así el Partido Popular de hoy, qué le vamos a hacer qué necesidad hay de que siga existiendo Vox, si con unos brutos es suficiente.
Un mes después ya no se habla de la amnistía, ni tampoco de las tractoradas, pero el presidente de la Diputación necesita salir en la foto y volver a agitar el fantasma de la catalanofobia. Esa recurrente propaganda barata y de odio contra los de otra parte de España, que tanto rédito electoral le ha dado siempre al PP en esta Castilla nuestra.
En declaraciones públicas realizadas durante esta semana, ha dejado perlas como estas: "El comportamiento vergonzoso del Gobierno de España con la agricultura y la ganadería, con el sector primario tan necesario para garantizar la alimentación"; "No solamente se encargó el Gobierno de España de que se apaleara a los agricultores" (…) además de "criminalizarles y etiquetarles como los principales culpables del cambio "climatológico", sino que "desde hace unos días están recibiendo las sanciones administrativas, de hasta 1.800€ cada agricultor y, lo peor de todo, en este caso se abran diligencias penales". El resto de las declaraciones del señor García transitan despotricando contra Cataluña y la amnistía.
Lo más grave de todo es que el Gobierno de España no es el que aplica la ley, son los jueces. Y, en este caso, se produjeron unos hechos que vulneraron la ley, para los que se aplican los correspondientes procedimientos de sanción, administrativa y/o penal. Ignorar esto, intencionadamente, demuestra la brutalidad del presidente del PP y de la Diputación Provincial.