Sánchez creyó que con sus dos cachicanes, Pumpido y García Ortiz, al mando el uno del Constitucional y el otro de la Fiscalía, ya tenía al Poder Judicial estabulado y con crotal. Pero está siendo que no. Por fortuna para España, para nuestros derechos y nuestra Constitución. Los creía cabestros y le tienen al uno empitonado y al otro con ya un aviso de que ande con cuidado y no le den los tres y se le manden el toro al corral. Así que ahora están los dos metidos en el mismo burladero y viendo como se pueden arropar el uno al otro.
El fiscal imputado busca que el de la toga manchada venga al final en su socorro y como ha hecho con la reata de los EREs lo declare, por gracia de la presidencia sanchista, limpio de polvo y paja. Y el togado de los lamparones recurre ahora al del banquillo cercano para que le designe escribanos amansados para defender lo que nada manos que cinco letrados, de diferentes ganaderías encima, han dicho que es indefendible y aún peor, que pretender impedir a los jueces recurrir a la instancia europea puede constituir ya un delito ya "per se" con solo haberlo intentado.
Sánchez y Pumpido han utilizado el Constitucional como lavandería de los cienos que quieren convertir en vestidos blancos de novia para que la boda, con Zapatero de alcahueta delegada, permita al primero quedarse para siempre en la Moncloa. Habían comenzado por el inmenso dineral malbaratado y malversado cuando convirtieron Andalucía en su cortijo y tienen ya previsto y dictado hacer lo mismo con los separatistas catalanes, a quien después de indultarlos y amnistiarlos, quieren otorgarles también bula para seguir robando.
Pero los jueces se han plantado. Les han dicho que "nones". Desde los más humildes, pasando por las Audiencias hasta llegar al Supremo, que es ya la instancia máxima y la última sentencia que no hay otro remedio que cumplir. Aquí es donde el sanchismo ha entendido que tenía un portillo y una almena mayor. El Constitucional convertido en un tribunal de superior instancia y por encima de todo el Poder Judicial. Y tiene la total y absoluta intención de hacerlo y convertirlo en el arma de destrucción masiva que impida toda resistencia a sus propósitos de caudillismo sin freno ni control democrático. No es ni puede ser así. La resistencia y la respuesta están en pie. Su pretensión es lo que ha hecho estallar la batalla donde se juega en verdad el Estado de Derecho y con la Democracia y la Constitución. El Tribunal Constitucional no es la cúpula mayor del poder judicial, no es ni tan siquiera un órgano jurisdiccional. Su cometido no es instruir, ni probar ni juzgar ni sentenciar los delitos. Su Autoridad se circunscribe y se limita a determinar si se respetan y no se vulneran las normas y los derechos constitucionales en leyes, autos, procesos y procesados. No es para nada, como se ha pretendido, un tribunal de casación por encima del Supremo.
Pero Sánchez, Pumpido y "su" fiscal quieren que sea precisamente lo que no es ni puede ser. Ese es el meollo de la batalla y el objetivo de la guerra que no ha hecho sino empezar. Esta semana la lid no pinta bien para ellos. Su intento de acogotar a la Audiencia Sevillana, a la de Madrid y de paso a todos los tribunales, mandando con ello un recado al Supremo, ha pinchado en hueso. Incluso magistrados del Constitucional designados por el sanchismo han visto que entrar por esa trocha podía llevarlos, hasta personalmente, a un lugar peligroso y acabar por estar ellos también en el borde de una sima de oscura profundidad. Por una sencilla y simple razón. Ser miembro de Tribunal Constitucional no supone ni inmunidad ni impunidad para cometer delitos. El de prevaricación lo es y el Tribunal supremo ya ha hecho por dos veces una advertencia al respecto. Matizada y prudente, pero advertencia y aviso a navegantes por aguas turbulentas. Alguno parece estar tomando nota.