Para bien o para mal, algunas Leyes llevan el nombre de sus autores. Dos ejemplos: el  Código de Hammurabi, Rey de Babilonia, da nombre al primer texto legislativo escrito conocido; y, en España, las leyes aprobadas durante la dictadura de Franco son conocidas como «Leyes Franquistas».
Pedro Sánchez va a dar nombre a la Ley de Amnistía que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. Seguramente será su perpetuo «San Benito», porque su devenir y las consecuencias de la misma y de los pactos que la acompañan serán muy largos y tortuosos.    
Es claro y meridiano, que no procede atribuir esa Ley al PSOE, a SUMAR y a los independentistas, toda vez que el único y verdadero autor es Pedro Sánchez, para su mayor «gloria» de permanecer en el Poder, y por ello ha de llevar expresamente su nombre.
Por supuesto, en ningún caso es la Ley de España y de los españoles. No necesitaba España ni los españoles esa Ley de Amnistía, que se ha sacado de la chistera Pedro Sánchez para seguir mandando. Y así hay que destacarlo, ahora y siempre.
Desde que accedió al Poder, está empeñado Pedro Sánchez, por su egolatría, en ser recordado , y no cabe la menor duda de que así acontecerá, si bien la remembranza que harán de él los historiadores será la de haber sido un pésimo gobernante, para lo cual tomarán la Ley de Amnistía como un claro ejemplo de su incuria presidencial,  porque es incuestionable que va a causar un daño irreparable en nuestro Estado Democrático de Derecho. 
Para analizar la naturaleza de esta Ley, obligado resulta acudir, siquiera sea someramente, a lo acontecido en Cataluña desde el año 2014 e incluso antes, toda vez que los independentistas pretenden que la amnistía comprenda también al Clan de la Familia Pujol y otros muchos corruptos. Institucionalmente, la deriva legal se produce en Cataluña a partir del año 2014 cuando el Presidente Rajoy le dijo al por entonces Presidente de esa Comunidad, Artur Más, que no podía aceptar una financiación como la Vasca y Navarra. Luego vinieron todos los hechos que dieron lugar al golpe de estado que supuso la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017, y, por supuesto a todos los demás actos delictivos: terrorismo; corrupción-malversación; desobediencias a los Organos Judiciales, etc, etc.
La respuesta de las Instituciones a tamaña vulneración de la Constitución y del resto del Ordenamiento Jurídico fue ejemplar. El Jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, con su Mensaje a la Nación del día 3 de octubre de 2017 puso en valor la Constitución. Después, a instancia del poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a través de Senado, con la anuencia y conformidad del PSOE, acordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no por largo periodo, sino en el suficiente para retornar a la Legalidad. Las Fuerzas de Orden Público actuaron con moderación. El Poder Judicial, la Justicia, nuestros Tribunales, celebraron juicios con plenas garantías para los encausados. Y, a su vez, la Sociedad Civil, los ciudadanos, dejamos que actuaran las Instituciones, cuando podría haber sucedido que ante tamaño ataque hubiéramos decidido actuar por nuestra cuenta. 
Ni una mácula de ilegalidad e injusticia se puede predicar acerca de la actuación del Estado Democrático de Derecho que era España, por lo que no se puede borrar lo acontecido a través de una Ley de Amnistía, ya que ello supone decir que España, los españoles, nuestras Instituciones, habrían vulnerado sin razón legal alguna los derechos de los que intervinieron en tales actos. Eso es la amnistía.   
Habíamos tenido en el año 1981 otro intento de Golpe de Estado, y si bien nuestra Democracia era entonces joven y pasábamos por serias dificultades por la actividad terrorista que desarrollaba ETA y también otros grupos revolucionarios de izquierda, como eran el GRAPO y TERRA IURE, también respondió adecuadamente el Estado Democrático de Derecho. Y a nadie se le ocurrió conceder indultos o, peor aún, la amnistía de los golpistas. 
Y ahora nos encontramos con que, celebradas las Elecciones Generales de 2023, el partido del prófugo de la justicia Puigdemont, a la sazón JUNTS, resultaba imprescindible para que pudiera seguir en el Poder Pedro Sánchez. Sus 7 votos eran la clave de bóveda. Pedro Sánchez no tiene moral política alguna. Puigdemont lo sabía, –también todo el mundo–, y su «carísima factura» para darle sus votos han sido una amnistía, lawfare contra los jueces, condonación de la deuda de Cataluña, referéndum, y vete tú a saber qué otras prebendas, porque su pacto es secreto.
De esos pactos innobles, viene la Ley de Amnistía, que ahora se vende como una «bendición», como la «concordia», por parte de Sánchez, su Partido, y demás partidos adláteres, cuando es así que hasta el mismo día de las Elecciones era algo impensable, por inconstitucional y antidemocrático.
La Ley de Amnistía de Pedro Sánchez es inconstitucional, por más que un cuestionado Tribunal Constitucional venga a decir algún día lo contrario. Ninguna garantía ofrece ese deteriorado Tribunal, en atención a quien le preside y a varios de los miembros que le integran.
Es una Ley INCONSTITUCIONAL porque vulnera los artículos 1,9, 14, 53, 117, 139 y 149 de la CE, pero, sobre todo, es una Ley ETICAMENTE ANTIDEMOCRÁTICA E INJUSTA.
Se aprobará en base a la simple dinámica de los números, ora de los Diputados del Congreso ora de los miembros del Tribunal Constitucional, con su más que previsible ratificación de constitucionalidad, pero nunca estará legitimada porque vulnera el Estado Democrático de Derecho y es en sí misma injusta. La ostentación del Poder a toda costa no puede legitimar una injusticia, una indignidad contra todo un Pueblo. La Ley de Amnistía llevará el nombre de Pedro Sánchez y los españoles y la historia le juzgaran por ella, por el destrozó que originará a nuestro Estado de Derecho Democrático y a la convivencia. De hecho, Pedro Sánchez y su POSE ya se han encargado de levantar un «MURO». Son sus palabras.