El Gobierno ha decidido subir el salario mínimo interprofesional. Con efectos desde el día 1 de enero pasado. Lo ha hecho en connivencia con los sindicatos, que siempre piden más, lo que va en su ADN, y sin pactar con los empleadores, que son los que pagan y que se oponen. Pero esta subida ha enfrentado a los dos socios del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, que es también la responsable de la cartera de Trabajo, ex podemita y ahora líder de Sumar (coalición formada por una veintena de grupos de mayor o menor importancia), está que trina con su compañera la vicepresidente primera y responsable de la Hacienda pública. Porque ésta se empeña en que la subida salarial de 50 euros mensuales (700 euros al año) no ha de quedar exenta de tributar en las rentas de quienes la reciban. A algunos trabajadores es posible que este incremento en sus nóminas sea bastante menos que los 50 euros que se han anunciado a bombo y platillo. 
Es algo parecido a lo que sucede con las pensiones. Hacienda (dicen que somos todos, pero unos más que otros) se queda con una parte de la subida que anualmente se nos vende como regalo gubernamental, que no lo es. En las subidas de pensiones y salario mínimo, podían haber modificado los baremos de tributación para que no tributaran. No lo han hecho. 
"No se trata de recaudar más, sino de no recaudar menos», ha dicho, con el aplomo y los gestos teatrales que la caracterizan, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para justificar que la subida sí tribute. Los gastos de la cosa pública son cada vez mayores. Hay que mantener la sanidad, la educación, las carreteras, los millones de empleados públicos. También a los políticos que hemos elegido los ciudadanos y a los miles de asesores y enchufados que son nombrados a dedo y que en muchos casos no son necesarios.
Con la tributación de las subidas del salario mínimo y de las pensiones se recauda más, en contra de lo que asevera la señora vicepresidente primera. No nos tome el pelo. Hable claramente. Explíquenos cuánto lleva recaudado de más, desde que usted es responsable de la Hacienda pública, por los incrementos de los salarios de todo tipo, incluido el mínimo, y de las pensiones. 
Estoy a favor de que los ciudadanos entreguemos una parte de nuestros salarios y tributemos por nuestras propiedades, por lo que compramos y por los servicios públicos y privados que contratamos, para costear el bienestar de todos. Y que los que más perciban o tengan, tributen más. También me parece justo que los que carecen de lo más mínimo para vivir dignamente sean ayudados hasta que consigan salir de su situación de precariedad económica y social. No comparto la idea de subvencionar a cualquiera, porque hay mucho disfrazado de pobre que lo que busca es vivir del cuento, sin dar palo al agua. Como tampoco me gusta ver a jóvenes inmigrantes, que han entrado ilegalmente en nuestro país, alojados gratuitamente en buenos hoteles, viendo pasar las semanas y los meses, aburridos como ostras. Se les podría enseñar un oficio y el aprendizaje del idioma, para que puedan sentirse útiles como personas y no terminen excluidos de la sociedad, sino que se integren con dignidad en ella.
Entiendo que es más fácil recaudar que administrar bien. Los ciudadanos hemos sido convertidos en meros contribuyentes. Hacienda cobra por todo. Hasta por los 50 euros de subida del salario mínimo. La señora vicepresidenta y responsable de cobrar y administrar los dineros de todos los ciudadanos debe dar saltos de alegría cada vez que el Gobierno aprueba subir salarios, pensiones o servicios. Porque ella hace caja. Siempre recauda un poco más, nunca menos.
Nos iría mejor si nuestros dineros se emplearan para mejorar la vida de todos y no se malgastase ni un euro en pagar apoyos parlamentarios para seguir en el poder o en hacer obras inútiles, subvencionar proyectos sectarios o dar un salario público a los amigos y compañeros.