El Estado Social y Democrático de Derecho, cuenta con el principio liberal de que el Derecho no puede ser utilizado como un elemento ideológico en manos del legislador en turno de poder y que se ponga al servicio de opciones políticas por encima de los valores constitucionales. Si esto no se respeta, el guirigay, alboroto y escándalo se pone en la carta de la comida del sapillo diario que tragar cada día, en el menú que pagamos entre todos. Así que con estas maravillas de proyectos legales al servicio de la causa del partido, la historia real nos viene demostrando la importancia del pacto Constituyente de la Nación Española en la convivencia de cada día, y nuestra presencia ciudadana en la que debe ser gran Historia de nuestra Democracia, y como viene superando follones en sinsentidos de la responsabilidad política. 
En temas de crónicas de información política y de libertad de prensa, se siguen recogiendo las noticias sociales, y del cómo nos van las cosas, en una sociedad real y viva en nuestro sistema democrático como debe ser, y con luz y taquígrafos en nuestra sociedad viva y plural, para tener información veraz, como debe ser. Los medios de información siguen poniendo luz  y crónicas diarios que siguen recogiendo las crónicas sociales, y en especial sobre la importancia de la justicia y la "seguridad legal", tan necesarias que son consustanciales en y con el Estado de Derecho. La prensa libre sigue ayudando a valorar la realidad de nuestra casa y como nos van las cosas en casa, barrio, pueblo, ciudad y Comunidad, con la información del  respeto político de la Ley en nuestra sociedad democrática, popular y de derecho, que nos viene confirmando el valor de la acción política del consenso constituyente, y la inolvidable presencia del Rey, Don Juan Carlos I, y del abulense D. Adolfo Suárez, de D. Felipe Sexto y demás representantes de las opciones políticas representativas. En las horas y labores del pacto constitucional constituyente, la Historia nos sigue demostrando que nuestro sistema político sigue acogiendo la decisión mayoritaria por la paz y el respeto de la Ley; y que nos viene funcionado muy bien y superando dificultades desde el 29/12; 1978. Estamos presentes En una sociedad constituida sobre la base política en que prima la vida personal, y social y de todos, manteniendo la necesaria presencia y defensa de los valores de nuestra Nación, confirmados y amparados por el respeto político de los Principios, Derechos y Valores constitucionales. En cualquier manual de derecho constitucional se recoge el valor social  del necesario y real respeto político y social de la ley; como principio vertebrador de nuestra sociedad nacional, en casa de autonomías y por el mundo mundial de las democracias vivas. La Constitución es esencial como sistema político y en sí misma por hacer valer la paz social, y tanto que hoy es imposible nuestra democracia y seguridad política vertebradora de nuestro Estado de las Autonomías; y seguir con el lema del valor de la Ley a la Ley, como se dijo en la Transición. El respeto de la legalidad requiere de todas las opciones políticas el respeto de las reglas constitucionales, que deben prevalecer sin condicionamientos por las conveniencias políticas en turno de mando; La ley es de todos y  contamos con la convivencia social y legal, en suma de opciones políticas plurales. Es compromiso consecuente con la Constitución  cumplir, por todos,  con las reglas del respeto de la convivencia constitucional y plural, como debe ser; respetar el derecho a la seguridad jurídica y de todo nuestro sistema legal, judicial, y procesal. La acción política está sujeta al principio de legalidad constitucional, sin necesidad de legislaciones a la carta, ni politización de la justicia, que los tiempos pasados, y la realidad presente, son lecciones para la Universidad de la experiencia política, y valorar el nivel de la acción política. También para no repetir crónicas de los errores y secuelas de la inconsecuencia histórica que nunca repetir. Y recordar, Artículo 117 CE: 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.