No es muy usual en la política local que un alcalde se someta a una moción de confianza ante los concejales electos apenas ocho meses después de ser elegido. Este parece ser el caso de Ávila Capital, donde el alcalde (2ª legislatura), ha expresado a los vientos obstinadamente su decisión de recurrir a esta figura si no le son aprobados los presupuestos que él quiere. 
Siendo legítima esta "miniconfianza" (desbloquear la aprobación inicial de un presupuesto, ya, rechazado), no deja de ser un nuevo pulso y una bravata más –medio de presión– a las que nos tiene acostumbrados de la que previsiblemente se desdecirá, no sin antes haber embaucado a algunos concejales incautos. En esta ocasión hay más motivos que el alegado para que se plantee, se discuta y se vote, pues, aunque se saque adelante toda confianza lleva implícitamente una censura. 
La transparencia y el derecho ciudadano exigen la misma. Cuando en las elecciones de mayo todo era de color de rosa-amarillo y de repente en el Ayuntamiento no hay un euro, se quieren volver a subir los impuestos y comienza el año con recortes caprichosos y provocadores se requieren esclarecimientos más que explicaciones y permitir el noble ejercicio de control. 
La cuestión de confianza ha sido definida como "amenaza de suicidio político" y por otros de "dimisión voluntaria condicionada". No creo que en el caso del regidor abulense sea así. Mas bien todo parece un montaje estudiado para provocar una reacción –finalidad política– que le favorezca para disponer de presupuestos y restituirse en su imagen para proseguir. 
Aglutinar y homogeneizar un gobierno local y afianzar sus posiciones son las pretensiones. De ahí que se hace necesaria que la plantee y los ciudadanos la conozcan para descubrir para lo que queda de legislatura que grupo de los tres de la oposición va a dar o no su confianza a un alcalde que hasta el momento no la tiene en el salón de plenos y paulatinamente la está perdiendo en la calle.