Sonsoles Sánchez-Reyes

A otra luz

Sonsoles Sánchez-Reyes


La tragedia de Los Ángeles de San Rafael

04/04/2025

Eran escasamente las tres de la tarde del 15 de junio de 1969. En el complejo hostelero de la urbanización segoviana de Los Ángeles de San Rafael, varios centenares de comensales se encontraban sentándose a la mesa para dar cuenta de un almuerzo que formaba parte del programa de la convención anual de la cadena de alimentación "Spar". Al evento, organizado por la delegación de la firma en Segovia, concurrían los distribuidores de las provincias segoviana y abulense junto con sus familias, para recoger los "Abetos de oro y plata", galardones que se entregaban a quienes habían destacado en cifras de ventas.
Era un día de ambiente festivo; los convocados habían asistido a lo largo de la mañana a una conferencia y a la visita de las instalaciones de la urbanización. La edificación, de dos plantas, cuyas obras se habían concluido apenas la semana anterior, tenía como propietario-director a Jesús Gil y Gil, que años más tarde alcanzaría gran notoriedad en la sociedad española. En el instante en que se disponían a servir la comida, el suelo de la construcción, cediendo al peso de los participantes, se vino abajo con gran estrépito, seguido por el desplome casi simultáneo de la techumbre. Los dos laterales del inmueble, de forma rectangular y una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, quedaron en pie, pero quienes en ellos se encontraban salieron despedidos contra las paredes o fuera del edificio, a consecuencia de la fuerza de la onda expansiva. 
Los invitados, ubicados en la planta superior, cayeron a la inferior, a ras del suelo, donde en ese momento se estaba instalando un tablao flamenco para continuar la fiesta por la tarde. Tras el estruendo, se levantó una enorme polvareda que dificultaba la visión. Quienes habían resultado ilesos o con lesiones de escasa consideración se apresuraron a prestar auxilio a las personas sepultadas bajo vigas y escombros, valiéndose de sus propias manos. 
En las oficinas de la urbanización se montó un botiquín de urgencia e inmediatamente se personaron Guardia Civil, Policía Armada y efectivos de una batería del Regimiento de Artillería número 41, de Segovia, llegando asimismo con toda celeridad dos coches bomba y uno de materiales del servicio de bomberos de Madrid, junto a los de la ciudad del acueducto. 
El gobernador civil de Segovia desde hacía menos de un año y procurador en Cortes por Ávila era Adolfo Suárez González, futuro presidente del Gobierno, que contaba entonces 36 años. Personalmente se hizo cargo de la dirección de las operaciones de salvamento y conducción de heridos. Hacia las cuatro de la tarde salieron hacia el lugar del suceso todas las ambulancias disponibles de nuestra ciudad, mientras se preparaban para intervenciones de urgencia el Hospital Provincial y todas las clínicas de Ávila. 
La cifra final de víctimas, incluyendo los heridos que fallecieron en el hospital en los días siguientes a la catástrofe, alcanzó las 58, de las que 12 procedían de localidades de nuestra provincia: El Barco de Ávila, Arévalo, El Tiemblo, Cebreros, Sanchidrián, Adanero, Aldeaseca y Villanueva de Gómez. Los heridos rondaron los 160.
Entre los difuntos se encontraban el alcalde de El Barco de Ávila, Ángel Jiménez Millán, de 50 años, y su esposa, Florentina Sánchez Burdiel, de 48, que habían acudido a la concentración. Su capilla ardiente se instaló en el Ayuntamiento barcense y a su sepelio asistieron autoridades abulenses como el gobernador civil, Alberto Leiva Rey, y el presidente de la Diputación, Jaime Santamaría Bejarano. Por su parte, el obispo de Ávila, Maximino Romero de Lema, celebró un sufragio por las almas de los difuntos en la catedral el 21 de junio. El Ayuntamiento de Segovia acordó, en señal de duelo, la suspensión de actos de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro.
El juez instructor dictó auto de procesamiento y prisión incondicional contra el propietario-director del complejo "Los Ángeles de San Rafael", el encargado y el maestro de las obras de la nave, solicitando una fianza de cien millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles. Jesús Gil sería condenado a cinco años de prisión, siendo indultado tras cumplir uno y medio.